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Cámara Argentina de Fintech propone lineamientos para regular bitcoin

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Mediante un trabajo con socios, la Cámara Argentina de Fintech propone lineamientos para regular bitcoin y otras criptomonedas.

Cámara Argentina de Fintech propone lineamientos para regular bitcoin

La Cámara Argentina de Fintech publicó un análisis de los activos virtuales en el que considera los juicios tanto de los actores involucrados en este sector, como por la opinión pública en general.

El texto tiene como objetivos: capitalizar en Argentina las oportunidades globales que ya existen, y otras que se avecinan para el sector; encontrar un equilibrio regulatorio para atraer inversiones y para promover y retener el capital humano necesario para este desafío; brindar claridad al ecosistema y a los usuarios sobre la licitud y el alcance de la actividad; impedir el desarrollo de cualquier tipo de actividad ilícita; en particular, aquellas alcanzadas por la normativa PLAFT del GAFI y concordantes.

Contexto actual que enmarca la propuesta

La Cámara consideró que es indispensable comprender algunos factores que le dan contexto a la propuesta, entre los que destacan:

Nos enfrentamos a un fenómeno de una magnitud inédita en términos económicos, sociales y políticos.

La evolución de la tecnología blockchain y los AV nos coloca en un momento fundacional, que modificará el paradigma del intercambio de valor. El momento actual puede compararse con la irrupción del motor de vapor a fines del siglo XVIII, o al de la electricidad y el automóvil a comienzos del siglo XX, o al de Internet a mediados de los 90, o al de la aparición de los teléfonos inteligentes a finales de los 2000.

Ninguno de esos sucesos fue percibido en el momento. El impacto de blockchain tendrá un recorrido similar, pero con una velocidad de adopción muy superior.

Asimismo, las decisiones regulatorias que se tomen deben formularse estratégicamente, evaluando la oportunidad que este tema representa para Argentina en todos los niveles, y evitando obstaculizar su rápido desarrollo.

La regulación impactará inmediatamente en una gran cantidad de gente, debido a que la tasa de adopción de activos virtuales en Argentina es una de las más altas del mundo.

Lineamientos para la regulación de los Activos Virtuales en Argentina

  1. Encuadramiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

“Debido a la importancia que tiene la actividad del GAFI sobre las operaciones relacionadas con AV, creemos importante repasar sus disposiciones más recientes, con el fin de aportar un contexto adecuado a los lineamientos que proponemos”, refiere la Cámara.

  1. Definiciones de AV y PSAV.

Se propone entonces definir al AV como un “bien que constituye una representación digital de valor, instrumentado a través de alguna tecnología de cadena de bloques o de registro contable distribuido, que puede ser negociado, transferido y conservado electrónicamente, y se puede utilizar como intercambio o medio de pago para todo tipo de actos jurídicos o como reserva de valor, y no constituye moneda de curso legal o moneda fiduciaria”.

Con respecto al “Proveedor de Servicios de Activos Virtuales” (o PSAV), podría utilizarse la recomendación del GAFI, que lo define como aquella “persona humana o jurídica que como conducta empresarial realice una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias; intercambio entre diferentes activos virtuales; transferencia de activos virtuales; custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual». De este modo, se sugiere no utilizar términos como “Exchange” o “Comercializador”.

  1. Reconocimiento expreso de la legalidad de la industria de Activos Virtuales.

Reconocimiento del derecho a la bancarización. La regulación debe consagrar expresamente la legalidad de la industria de AV en todo el país. Paralelamente, debe reconocerse el derecho de todas las personas que realicen las actividades comprendidas en la norma a poder abrir cuentas en moneda de curso legal en entidades financieras autorizadas por el BCRA.

  1. Esquema de registro de PSAV.

Las Guías del GAFI mencionadas precedentemente recomiendan que los países-miembro cuenten con un registro o licencia de quiénes desempeñan actividades de PSAV. Es posible que, pese a lo que establecen las recomendaciones, el GAFI considere que el reconocimiento de los PSAV como sujetos obligados resulta suficiente para mitigar los riesgos relacionados con PLAFT.

  1. Régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento (“LEC”).

En un contexto donde muchos países se encuentran disputando el talento y las inversiones relacionadas con la industria, consideramos necesario establecer un régimen de incentivos para el sector, con el fin de crear empleo de calidad y lograr un mayor alcance e inclusión financiera para los ciudadanos. Este régimen debería ser consagrado por el legislador como política de Estado.

Para ello, resulta necesario consagrar expresamente la inclusión de las actividades, servicios y tecnologías alcanzadas por la ley de AV, como actividades comprendidas en el régimen de promoción establecido por la Ley 27.506 (LEC) y sus normas modificatorias y complementarias.

  1. Deber de confidencialidad.

Creemos necesario regular la obligación de confidencialidad de los PSAV sobre las operaciones realizadas con AV. De este modo, los sujetos que intervengan en operaciones con AV, así como los integrantes de los órganos de administración y fiscalización y su personal, deberán guardar secreto sobre las operaciones que realicen por cuenta de terceros, como también sobre la identidad de estos.

  1. Irreversibilidad de las operaciones con activos virtuales.

La naturaleza propia de la tecnología y las características de este tipo de operaciones, hacen que resulte imposible revertir una operación una vez que esta ha sido ejecutada.

Por tal motivo, la regulación debe consagrar este principio, dispensando expresamente la aplicación de las disposiciones sobre revocabilidad o arrepentimiento previstas en la Ley 24.240 y complementarias, o en el Código Civil y Comercial de la Nación.

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